La Ley de Transparencia (N° 20.285) permite que cualquier persona solicite información a instituciones públicas: gobiernos regionales, municipalidades, hospitales y universidades estatales, entre otros. No necesitas ser periodista, abogado, ni funcionario público para hacerlo. Este derecho está pensado para que todos puedan fiscalizar el actuar de las entidades públicas.
Desde 2014, Carabineros y la Fuerza Aérea han adjudicado en Mercado Público —el sistema de compras del Estado— al menos cinco licitaciones (superiores a mil millones de pesos cada una) destinadas a las mudanzas de sus funcionarios, con una disponibilidad presupuestaria mínima de $28.000 millones. Sin embargo, en las bases de esos procesos, ninguno de los organismos entregó un estimado de cuántos traslados se realizarían. A su vez, ni Carabineros, ni las tres ramas de las Fuerzas Armadas informaron, a través de solicitudes de Transparencia, cuántos traslados se han realizado efectivamente, lo que impide dimensionar la magnitud de estos servicios en el país y el verdadero alcance del gasto estatal.
Durante cuatro años, a través del sistema de compras del Estado (Mercado Público), la Armada envió 1.587 órdenes de compra a 12 proveedores por más de $2.100 millones, solicitando mudanzas y traslados de vehículos para sus funcionarios antes de que se aprobaran los contratos que habilitaban los servicios. Del total de prestadores, 11 aceptaron realizar lo requerido, también de forma anticipada, en el 81,2% de los casos. En total, la Armada y los proveedores habrían comprometido más de $1.700 millones en recursos públicos previo a las aprobaciones contractuales exigidas por la normativa.
